La letra pequeña de la Memoria Histórica

2/10/2009

En julio el Gobierno pospuso hasta diciembre la decisión sobre la subvención solicitada para realizar una exhumación en la localidad de Cetina. Los motivos, la complejidad y el alto número de solicitudes. La telaraña burocrática añade meses a una espera que dura 70 años y que podría acabar si el Estado asumiese la exhumación de fosas.

Zaragoza.- La Asociación para la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Arico, aguardará hasta diciembre la decisión sobre la subvención solicitada para llevar a cabo una exhumación en la localidad zaragozana de Cetina. La resolución, prevista para julio, se pospuso por la “complejidad” de su tramitación y el “alto número de solicitudes recibidas” según el BOE. Arico cuenta con un borrador favorable pero, hasta que no sea oficial, el Gobierno de Aragón no concederá los permisos necesarios para iniciar el trabajo. Los familiares esperan poder enterrar a los suyos setenta años después de la guerra; para muchos, esperar más puede significar no ver acabado el proceso.

La Guerra Civil y la posterior represión que llevaron a cabo los vencedores bajo el amparo del Gobierno franquista dejó un reguero de muchos miles de muertos en España, los datos bailan en función de los historiadores. Y el censo de la época, prácticamente inexistente, dificulta la precisión, pero los muertos siempre son demasiados. Muchos de ellos desaparecieron, no consta dónde, cuándo ni por qué los mataron.

Amnistía Internacional acusa al Gobierno de incumplir sus obligaciones en cuanto a la recuperación de verdad, reparación de los derechos humanos vulnerados y justicia para las víctimas. Pese a que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, apoya y financia la investigación para esclarecer estas desapariciones forzadas, dos años después AI considera que el Gobierno “no ha desarrollado protocolos de procedimiento ni un proceso de localización de fosas”. Excepto en Cataluña, donde recientemente se ha aprobado una reforma conocida como Ley de Fosas, según la cual, la Generalitat intervendrá directamente en las fosas de las que tenga constancia sin necesidad de que sea solicitado por las familias de las víctimas para promover su señalización y dignificación. Más de sesenta asociaciones pidieron en julio una reforma para desarrollar la ley en este sentido a nivel nacional. La reforma fue rechazada por el voto conjunto del PSOE y el PP. El Tribunal Europeo de Derechos humanos considera que la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano con las víctimas, en este caso, las familias.

En materia de justicia, el juez Garzón abrió una causa para investigar 114.266 casos estimados de desaparecidos. La Fiscalía recurrió solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 prevista para todos los delitos con componentes políticos cometidos hasta ese año. Asimismo alegó que los presuntos delitos, considerados comunes, habrían prescrito. En este sentido el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha mostrado preocupado por la vigencia de esta ley y ha recalcado que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Mientras el tema se enreda entre bandos que parecen continuar la batalla en el plano jurídico-administrativo, el arduo trabajo de “recuperar la verdad” queda en manos de asociaciones, familiares de las víctimas y voluntarios.

Una aguja en un pajar

Nacho Moreno y Ana Calahorra se conocieron en medio de este caos, ambos buscaban información en un foro de Internet sobre la represión franquista en la zona de Calatayud. Nacho es historiador y Ana empezó a buscar a su abuelo hace tres o cuatro años, cuando al perder a su padre y a su abuela sintió la necesidad de encontrar sus raíces. “A ellos podía llevarles flores”, cuenta, “pero mi abuelo, no sé dónde está”. Este sentimiento es compartido por aquellos que no han podido velar a los suyos, que han visto negado su derecho a guardarles luto. Nacho investigaba en la zona porque está realizando su tesina sobre la represión vivida en Calatayud, y así conoció a José Nieto.

En 1936, José tenía 15 años y recuerda la guerra “trabajando mucho”. José araba las tierras que su padre tenía en Cetina, entre las que se encontraba la finca de la Torca donde aquel año, “a finales de octubre o principios de noviembre” fusilaron a doce hombres, “dicen que los traían de Torrijo”. Todos en Cetina lo sabían, “algunas mujeres oyeron los disparos desde el pueblo”, pero el secretario de entonces “aconsejó” al padre de José que sembrara sus tierras como si nada hubiera ocurrido. España vivía los días más tristes de su historia.

Setenta años después del fin de aquella guerra, miles de personas continúan enterradas en los campos, cunetas y fosas comunes, localizadas o no. Diversas asociaciones se ocupan desde hace años de investigar, recopilar datos y biografías de las víctimas. Todavía hoy, a muchos supervivientes les cuesta hablar. Miguel Ángel Capapé, vicepresidente de Arico, reconoce que Nacho Moreno les puso sobre la pista de la fosa de Cetina y fue Ana quien “movió” la exhumación.

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